Representantes de gobiernos centroamericanos, ONU, OEA y organismos cooperantes acordaron ayer en Honduras “consolidar y promover una alianza” para proteger a los desplazados, refugiados y migrantes a causa de la violencia en la región, informaron fuentes oficiales.
Reunidos en San Pedro Sula, Honduras, en la Conferencia Regional sobre el Marco Integral para la Protección y Soluciones (MIRPS), delegaciones de los países, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros organismos, discutieron estrategias para abordar los desplazamientos causados por la violencia.
El objetivo de esta conferencia fue “fortalecer la respuesta regional de protección a través de la adopción e implementación del MIRPS”, dijo un comunicado del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).
“El MIRPS es un esfuerzo regional para abordar el ciclo completo de desplazamiento: desde causas estructurales y soluciones en los países de origen al tránsito y la protección de las personas, hasta la integración y soluciones en los países de destino”, explicó la OEA en otro comunicado.
La conferencia se enmarca en los acuerdos adoptados en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2016.
Los acuerdos del MIRPS serán presentados como aporte al Pacto Mundial sobre Refugiados en la 73a. Asamblea General de la ONU programada para 2018.
Forzados por la violencia generada por el crimen organizado, el número de refugiados y migrantes ha venido en aumento en los países de la región, sobre todo Honduras, El Salvador y Guatemala, según ACNUR y otros organismos humanitarios.
Muchos de ellos emigran a Estados Unidos.
En el año fiscal 2016, la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a más de 400.000 personas indocumentadas en la frontera sur, de las cuales casi 60.000 eran menores de 16 años, la mayoría provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Tribunal de Guatemala deroga pena de muerte
La máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), derogó ayer la pena de muerte para cinco delitos establecidos en el Código Penal, según un fallo de ese organismo.
Con la decisión quedan fuera de la pena capital los delitos de: parricidio, la ejecución extrajudicial, el plagio o secuestro, la desaparición forzada y el magnicidio.